Desamortización

Desde sus inicios, la Iglesia había disfrutado de la quieta y pacífica posesión de los bienes que le habían ido donando monarcas, nobles y simple fieles, muchos de ellos vinculados a fines específicos. Por su condición de inalienabilidad era considerados «bienes amortizados» o en «manos muertas».

En algunos países como Inglaterra, durante el reinado de Enrique VIII, o en Francia, tras el triunfo de la Revolución, las propiedades eclesiásticas fueron incautadas, pasando a poder del Estado.

Un proceso similar, impulsado por los gobiernos liberales, cobró forma en la España del siglo XIX, aunque ya había tenido un precedente durante el reinado de Carlos III con la incautación de los bienes pertenecientes a la Compañía de Jesús y, durante el de Carlos IV, aunque en este último caso con la autorización de Papa Pío VII.

Pero la Desamortización de Mendizábal de 1835 y la posterior de Madoz (1854-1856) constituyeron un auténtico expolio ya que llevó aparejada la supresión de todos los conventos de religiosos y muchos de religiosas, provocando pérdidas irreparables en el Patrimonio Cultural español, sin que los fines propuestos al poner en circulación los bienes incautados se llegaran a alcanzar, dado que la mayor parte de los mismos pasaron a ser propiedad de quienes pudieron adquirirlos en pública subasta.

Además, dio origen a un largo contencioso con la Santa Sede que pudo superarse parcialmente a través del concordato suscrito en 1851, entre Pío IX e Isabel II, en virtud del cual, entre otras cosas, el Estado se hizo cargo de la manutención del clero, como compensación a los bienes desamortizados.