Capítulo 9. Luz al final del túnel: en contra del suicidio asistido

Preguntas desafiantes

Si la vida es mía, ¿por qué la Iglesia se opone a que elija el momento de mi muerte?

Si una persona con una enfermedad terminal, en plena posesión de sus facultades mentales, sufre terribles dolores y quiere acabar con su sufrimiento, ¿quién tiene derecho a impedírselo?

Los médicos siempre han ayudado a la gente en su camino hacia la muerte. ¿Por qué prohibir el suicidio asistido, en el que se ayuda a morir en paz?

¿Qué derecho tiene la Iglesia a decir a los no creyentes cómo deberían terminar su vida?

Si una mayoría aprueba democráticamente una ley de eutanasia, que reconoce a las personas el derecho a elegir en caso de enfermedad incurable, ¿por qué la

Iglesia no cumple esa ley en sus hospitales, centros sanitarios y asilos?

La petición de legalizar la ayuda a alguien que quiere suicidarse es uno de los principales debates éticos de nuestros días, comparable en cierto modo al de la legalización del aborto en los años 70.

Hoy en día, en la mayoría de los países del mundo, asistir al suicidio es un delito, perseguido por la ley; en otros (Noruega, Dinamarca, Alemania, Austria y España), las conductas de mera cooperación no necesaria o complicidad son toleradas (en nuestro país, desde 1995 las conductas de complicidad y cooperación no necesaria en el suicidio de otro –en un contexto de enfermedad o en cualquier otro– son impunes). Solamente es legal en Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y en los Estados de California, Oregón, Washington y Vermont de los Estados Unidos.

Y, sin embargo, el tema está en permanente ebullición, sobre todo a través de emotivas historias personales. En Estados Unidos tuvo mucha repercusión el caso de Terry Schiavo en 2005, una mujer cuya propia familia estaba dividida ante sus deseos, y a la que al final se le dejó morir de hambre pese a los intentos de intercesión del gobierno; y la de Brittany Maynard, una mujer recién casada de veintinueve años, que se mudó a Oregón –donde sí estaba legalizado– para quitarse ella misma la vida antes de que su cáncer cerebral lo hiciera. Las dos se han convertido en iconos de cómo no morir y de cómo elegir morir, respectivamente.

En España, adquirió notoriedad con la muerte del gallego Ramón Sampedro, que se suicidó el 12 de enero de 1998. Tetrapléjico durante treinta años, Sampedro había reclamado, ante diversas instancias españolas e internacionales, su derecho a que un médico le ayudara a suicidarse. Finalmente se quitó la vida bebiendo –con ayuda de alguien– una disolución de cianuro de potasio. En un vídeo que grabó poco antes, y que fue luego emitido por televisión, acusó a quienes no aceptaban sus reclamaciones de «chulería política, paternalismo intolerante y fanatismo religioso». Alejandro Amenábar llevó su historia al cine en la película «Mar adentro», que consiguió el Óscar al mejor filme extranjero en 2004, y muchos otros premios internacionales.

Casos semejantes, y las iniciativas parlamentarias en curso en Reino Unido, Canadá, Australia y Alemania para debatir sobre la eutanasia, ponen en las portadas de todos los medios la pregunta: ¿puedo decidir cómo morir?

El suicidio asistido es la nueva vestidura de la eutanasia. La eutanasia comenzó a abrirse camino alegando sentimientos de compasión respecto al enfermo terminal abrumado por sus dolores y que no quiere seguir viviendo. En la actualidad, sin embargo, esos casos de eutanasia «por piedad» son cada vez más excepcionales, pues la medicina paliativa ha conseguido liberar al enfermo terminal de los sufrimientos más agudos e insoportables, para garantizar una muerte digna. Por eso, el homicidio «piadoso» ha sido sustituido por otra fórmula eutanásica, el suicidio asistido. Así lo explica Francesco D’Agostino, presidente del Comité Nacional de Bioética de Italia:

«El puesto de la piedad, como motivo emocional de la acción eutanásica, ha

sido ocupado por una motivación que no tiene nada de compasiva ni de emotiva,

sino que es fríamente racional: el respeto, hasta el límite de la sumisión, ante la

voluntad suicida del paciente. Detrás de la eutanasia por compasión está el fantasma

del sufrimiento del paciente. Detrás de la eutanasia como suicidio asistido existe el

espectro de un pretendido nuevo derecho humano a la autodeterminación, un

derecho supremo, incuestionable».

Al igual que el aborto, la defensa del suicidio asistido se apoya explícitamente en la estrecha ética de la autonomía: si una persona padece un sufrimiento insoportable y desea acabar con su vida en un momento y de un modo preciso, ¿quién tiene derecho a impedírselo?

En realidad, es un modo falaz de encuadrar la cuestión. Muy poco se puede hacer para evitar que una persona se suicide, si lo desea. Lo que se pretende con la legalización del suicidio asistido es bien diverso: es pedirle a la ley y a la profesión médica que reconozcan el derecho a pedirlo y faciliten llevarlo a cabo. Una decisión que no solo afecta profundamente a otros, especialmente al personal médico, sino que también implica cambiar la presunción de la ley, que está siempre a favor de defender la vida de las personas.

La reclamación del suicidio asistido refleja, sin lugar a dudas, el auge de la ética de la autonomía por encima de cualquier otra consideración ética. Varios cambios en la sociedad lo favorecen. El primero es de carácter médico: los innovadores avances de la tecnología médica, que posibilitan mantener en vida a personas con enfermedades graves. La envejecida población de los países occidentales padece con mayor frecuencia enfermedades terminales a largo plazo (cáncer, enfermedades neuronales degenerativas como el Parkinson y el Alzheimer, etc.) que provocan importantes cambios en la persona y un indudable sufrimiento. Actualmente, un hombre o una mujer con una enfermedad incurable pueden vivir durante años como nunca antes nadie hubiera imaginado.

El segundo factor es la decreciente familiaridad que tenemos con la muerte. Suele suceder en hospitales, que no están bien preparados para tratar con ella. Lo describe gráficamente Aquilino Cayuela:

«La realidad de la muerte en las sociedades de Occidente hasta comienzos del

siglo XX se experimentaba como algo familiar y al mismo tiempo público. Queda

constancia en numerosas representaciones y relatos literarios: escenas en las que el

moribundo, rodeado de sus familiares y amigos, pronunciaba las últimas palabras y

fallecía ante los rostros compungidos de sus más allegados. La muerte de antaño era

familiar (…). La nueva cultura del morir, la hospitalización, se ha ido imponiendo a

lo largo del siglo pasado. Los enfermos graves son mandados a morir al hospital,

rodeados de aparatos y normalmente solos».

Ni siquiera se vela en casa, donde se vivió rodeado de su familia: se le lleva al tanatorio, que tiene evidentes ventajas logísticas y anímicas –en ese ambiente aséptico, el dolor es más soportable–, pero el resultado es que la muerte ya no es un elemento de la vida corriente. Y lo desconocido nos da miedo.

El tercer factor es la prosperidad material, que suele ir acompañada de una creciente oposición a las situaciones de dependencia y falta de control. Los occidentales quieren estar al volante de sus vidas en todo, y también en cómo terminarla. No es coincidencia que el suicidio asistido se haya legalizado solo en países ricos. La pérdida de facultades y capacidades es especialmente traumática en sociedades muy competitivas, en las que las personas erigen sus vidas en torno al éxito y el poder. La cuestión que ellos, y la sociedad en su conjunto, afrontan es si sus vidas merecen ser vividas cuando lo anterior desaparece.

En cuarto lugar, la huida del sufrimiento. Juan Pablo II dejó escrito, en su encíclica Salvifici doloris, de 1984, que «la gran dignidad del hombre se confirma de modo especial en el sufrimiento». Y, sin embargo, nada podría ser más anticultural, en el entorno social de hoy. De hecho, según comentaba Maika Sánchez en El País, resulta paradójico que el miedo al dolor físico «sea el temor más acusado en el siglo XXI. En la segunda mitad del XX era el miedo a volar, por ejemplo. Antes, el de ser enterrado vivo. Y esta paradoja se explica porque nunca como hasta ahora ha habido en la medicina tanta sensibilidad para que el paciente no sufra por dolor. En los últimos 15 años han aparecido más medicamentos analgésicos que en todo el resto de la historia de la farmacología». En una cultura así caracterizada, el nivel para declarar «insoportable» un dolor es cada vez más bajo.

Por último, nuestra sociedad ha cambiado su posición respecto del suicidio. Antes se consideraba un acto nihilista, una manifestación de egoísmo, que dañaba no solo al interesado, sino también a su familia, a sus amigos y a la comunidad. Por eso era tabú hablar de él. Hoy, en cambio, el tabú es criticarlo. Peor aún, la sociedad trata el suicidio como una legítima opción, le da respaldo legal en algunos países, y, al presentarlo como algo que está más allá de cualquier crítica moral, solo puede contribuir a normalizarlo.

El periodista Brendan O’Neill comentó que este cambio de percepciones «revela la incapacidad de la sociedad para afirmar el valor de la vida, el valor de la lucha por la existencia, lo cual puede tener el indeseado efecto de convertir el suicidio en algo normal, posiblemente incluso positivo».

Importa mucho lo que pueda querer una persona, de manera pasajera o definitiva. Pero hemos de preguntarnos también, porque influye en todos los demás: ¿qué sucede cuando la ley respalda esa idea?

Hasta los años 60, el suicidio asistido –o «eutanasia voluntaria», como se le llamaba entonces– era una de las ideas promovidas por el movimiento eugenista para ayudar a la sociedad a deshacerse de los «indeseables». «Si lo miramos con franqueza, llegamos a la conclusión de que la comunidad tiene el derecho de poner un precio a vivir en ella», escribió el dramaturgo y eugenista George Bernard Shaw en 1934. «Si las personas encajan en esta vida, déjenles vivir en condiciones humanas decentes. Si no encajan, mátenles de una manera humana decente».

Obviamente, los paladines de la legalización de la eutanasia rechazan cualquier comparación con los eugenistas de los años 20 y 30, que allanaron el terreno para los campos de concentración nazis donde promovían la esterilización, el aborto y la eutanasia obligatorios. El debate actual sobre la muerte asistida se basa, al igual que el del aborto, en el «derecho a decidir». Sin embargo, en ambos casos –los eugenistas, con la eutanasia; y hoy los defensores del suicidio asistido– está en juego el valor de una vida humana. Podemos asombrarnos de que, entre 1915 y 1919, un cirujano de Chicago, Harry Haiselden, permitiera públicamente que murieran seis niños que había catalogado como hereditariamente no aptos para la vida negándoles tratamiento, y que al poco tiempo se hiciera una película Black Stork («La cigüeña negra») sobre un médico que hacía lo mismo y que se siguió proyectando en los cines estadounidenses hasta los años

40. En el caso del suicidio asistido, una persona enferma o deprimida está tomando esa decisión sobre sí misma. Han interiorizado el mensaje de que no merece la pena preservar su vida. Si la ley consiente esta conclusión, ¿qué efecto tendría sobre la visión de la sociedad de los ancianos o incluso los pobres, los discapacitados y los fracasados?

En este contexto, una vez más la Iglesia va contracorriente. En la antigüedad, los cristianos cuidaban de los niños discapacitados en lugar de practicar el infanticidio (que era lo habitual), y cuidaban de los enfermos y moribundos en zonas afectadas por epidemias, poniendo en peligro sus vidas. El mensaje de Cristo siempre ha mirado con esperanza al futuro: se puede entrever su infinita bondad incluso en las circunstancias humanas más oscuras, y que al morir comprendemos el significado del amor y la compasión. La esperanza de la resurrección es lo contrario al suicidio asistido: no es un deseo de huir de la muerte física, sino de consolar y acompañar a los que van a morir. Esta es la alternativa al suicidio asistido que la Iglesia propone a cada hombre y a la sociedad.

Intención positiva

Existen muchos valores positivos en la defensa de la legalización del suicidio asistido, principalmente la compasión hacia quien desespera. Un sentimiento de piedad (que es parte de la virtud de la caridad) nos lleva a compadecernos de quien sufre dolores intensos, ya sean físicos o emocionales, y a hacer todo lo que esté en nuestra mano para librarse de ellos. Cuando vemos a personas cuyo dolor les afecta tanto que ese sufrimiento anula todo lo demás, su angustia nos grita con fuerza.

También hay una intención positiva en quienes se rebelan contra el modo en que muchos hospitales tratan al moribundo: analgésicos insuficientes, de manera desaliñada, o con una atención negligente hacia el enfermo terminal. La experiencia de ver a un ser querido recibir una atención descuidada puede producir terror a la muerte.

¿Por qué la Iglesia se opone a la eutanasia?

Al igual que era sabiduría común en la civilización occidental, la Iglesia cree que la muerte natural es una parte fundamental del viaje de la vida: en algunos aspectos, la más significativa. La muerte es un proceso de sanación. En ese camino suceden cosas importantes, y el sufrimiento y el dolor suelen ser compañeros de viaje.

La muerte es un proceso gradual de renuncia y entrega lleno de significado. Aunque algunos mueren de manera rápida e indolora, la muerte implica un profundo sufrimiento interior porque –y esto es aplicable al envejecimiento en general– supone dejar marchar todas aquellas cosas que creíamos que daban valor a nuestra vida y nos hacían dignos de afecto: nuestra apariencia física, la inteligencia, los recuerdos, nuestras habilidades y destrezas. El psiquiatra suizo Carl Jung denominó «sufrimiento necesario» al sufrimiento padecido por el ego, que protesta al tener que cambiar y rendirse. La idea de que este tipo de sufrimientos es una parte fundamental del crecimiento no es solo «religiosa», aunque quizá el cristianismo –con la cruz y la resurrección en su centro neurálgico– tenga una comprensión teológica más profunda que la mayoría de los planteamientos laicos.

De todos modos, aunque la Iglesia recalca la necesidad de aceptar el sufrimiento necesario, también trabaja para eliminar, o al menos aliviar, lo que puede llamarse «sufrimiento innecesario». La renuncia y el abandono que imponen la enfermedad y a la muerte requieren apoyo afectivo y una serie de cuidados médicos complejos, que reciben el nombre de «cuidados paliativos», definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como «el conjunto coordinado de intervenciones sanitarias dirigidas, desde un enfoque integral, a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias». Se trata de medidas de prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana y el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Se realizan tanto en casa como en el hospital.

El punto de vista verdaderamente cristiano sostiene que el dolor físico excesivo y la soledad del desamparo pueden y deben evitarse. Por esa razón, en la década de 1950, varias organizaciones católicas en el Reino Unido y los Estados Unidos fueron pioneras en este campo. Siguiendo el camino abierto por el movimiento de hospitales para enfermos terminales que había fundado una cristiana, Cicely Saunders, transformaron la manera de tratar a los enfermos terminales que era habitual en esa época. Las personas con enfermedades terminales no han de sentirse una carga para su familia o para la sociedad, sino que deberían estar rodeados de un ambiente de amor y cuidados, donde se les valore y se les haga sentir cómodos. Los centros de cuidados paliativos atienden las necesidades de los enfermos terminales mucho mejor que en los hospitales, que no están preparados para los que ya no necesitan tratamiento; los hospitales «curan», los centros para enfermos terminales «cuidan».

Merecemos envejecer en una sociedad que vea los cuidados que necesitamos con una compasión basada en el respeto, y sepa ofrecernos un apoyo auténtico en nuestros últimos días. Esto es lo que hoy está en juego. De las elecciones que tomemos ahora entre todos dependerá si dejaremos a las generaciones futuras una sociedad solidaria. Podemos ayudar a construir un mundo en el que el amor sea más fuerte que la muerte.

Esto nada tiene que ver con prolongar la vida innecesariamente. No es correcto esforzarse con tratamientos desproporcionadamente agresivos para prolongar una vida si lo único que consiguen es marginal. Eliminar el dolor –la especialidad de los centros de cuidados paliativos– puede incluso, como efecto secundario no deseado, acortar una vida. Pero si la intención no es la de matar, sino la de aliviar el sufrimiento, aun sabiendo que puede anticipar la muerte, no es eutanasia. El propósito de los cuidados paliativos es el de proporcionar un ambiente de amor y apoyo para la persona que pronto nos dejará.

¿Y qué hacer con los que afirman que la muerte no es más que el final de la vida, y creen que la indignidad asociada al proceso degenerativo debería evitarse a cualquier precio, implique o no un sufrimiento intenso? Los defensores del cambio legislativo a favor de la eutanasia presentan la postura católica como la propia de fanáticos religiosos que tratan de imponer sus propias normas a otras personas mediante el poder coercitivo del Estado. Después de todo, argumentan, una ley de muerte asistida no impide que nadie, si así lo desea, decida morir de forma «natural».

La oposición de la Iglesia a la muerte asistida no es un intento de persuadir a los no creyentes para que adopten una perspectiva religiosa de la muerte. La Iglesia no está preocupada de cómo han de morir los católicos, sino que quiere que todos mueran de manera humana. Piensa en el bien común de la sociedad, y entiende que la legalización del suicidio asistido perjudica dicho bien. La Iglesia sostiene que el efecto de una ley de suicidio asistido es un ataque directo a la dignidad de los enfermos terminales.

Los obispos españoles han defendido la vida humana siempre que el legislador ha estudiado proyectos de ley para regular esta materia. Especial difusión tuvo el documento de la Conferencia episcopal titulado 100 Preguntas y Respuestas sobre la Defensa de la Vida Humana y la Actitud de los Católicos, elaborado por médicos, filósofos, farmacéuticos, enfermeras, teólogos, juristas y moralistas durante largos meses de trabajo, que compagina rigor técnico y científico en el tratamiento, y claridad y sencillez en la exposición. Ese documento, publicado en 1993, sigue siendo un vademécum de gran utilidad. Además, el episcopado ha intervenido en momentos de especial relevancia. Por ejemplo, en 1998, los obispos publicaron el documento titulado «La eutanasia es inmoral y antisocial», donde decían:

«La aceptación social y legal de la eutanasia generaría, de hecho, una situación

intolerable de presión moral institucionalizada sobre los ancianos, los discapacitados

o incapacitados y sobre todos aquellos que, por un motivo u otro, pudieran sentirse

como una carga para sus familiares o para la sociedad. Ante el “ejemplo” de otros a

quienes se les hubiera aplicado la eutanasia de modo voluntario y reconocido,

¿cómo no iban a pensar estas personas si no tendrían también ellas la “obligación”

moral de pedir ser eliminadas para dejar de ser gravosas? Esta consecuencia

inevitable de una hipotética despenalización de la eutanasia significaría introducir en

las relaciones humanas un factor más en favor del dominio injusto de los más

fuertes y del desprecio de las personas más necesitadas de cuidado. Nadie debe ser

inducido a pensar, bajo ningún pretexto, que es menos digno y valioso que los

demás. La atención esmerada y cuidadosa de los más débiles es precisamente lo que dignifica a los más fuertes y timbre de verdadero progreso moral y social».

Más recientemente, en 2011, en plena consideración del proyecto de ley de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, los obispos advirtieron que el texto, tal como estaba redactado, podría suponer una legalización encubierta de prácticas eutanásicas: «Una concepción de la autonomía de la persona, como prácticamente absoluta, y el peso que se le da a tal autonomía en el desarrollo de la ley acaban por desvirtuar la intención declarada y por sobrepasar el límite propuesto de no dar cabida a la eutanasia».

En su exposición de motivos, el texto legal señalaba su intención de proteger la dignidad de la personal al final de la vida sin despenalizar la eutanasia. Sin embargo, los obispos comentaron que «parece sostenerse implícitamente que una vida humana podría carecer de dignidad tutelable en el momento en el que así lo dispusiera autónomamente la parte interesada e incluso eventualmente un tercero». Con ella, advertían, se deja la puerta abierta a ciertas omisiones voluntarias que pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración.

La aproximación de la Iglesia es siempre concreta. En un informe preparado en 1989, sugería acciones concretas para los fieles:

Desdramatizar el tabú de la muerte.

Suscitar actitudes de ayuda a moribundos y a sus familias.

Informar adecuadamente sobre soluciones alternativas a la eutanasia, como la

medicina paliativa, las unidades de dolor, etc.

Procurar una buena colaboración con el Servicio de Asistencia Religiosa de los

hospitales y los profesionales sanitarios cristianos, para proporcionar una buena

muerte a los enfermos ingresados.

Y difundir el testamento vital sugerido por los obispos.

La ley no es neutra

Al igual que con la pena capital, la ley no puede ser neutra: o contempla la muerte como una forma de terapia, o confirma lo sagrado de cada vida. Si participar en un suicidio fuera legal y éticamente aceptable, sería señal de que existe un derecho al suicidio; y, una vez que el Estado declara dicho derecho, los argumentos para limitarlo a los enfermos terminales parecerían cuanto menos arbitrarios. Dejar que Dios decida o que la naturaleza siga su curso no tardaría en considerarse opcional, excéntrico e incluso egoísta.

Estos argumentos sobre los efectos que tendría una ley de suicidio asistido no son abstractos. Para quienes dicen que dichos efectos han de demostrarse, existen muchos ejemplos de países que ya lo han permitido. De esas experiencias se desprende que permitir el suicidio asistido para un reducido número de casos excepcionales es una vana ilusión. En donde se ha cambiado la dinámica subyacente de la ley, las consecuencias han sido fatales. «Vemos evidencias aquí no solo de una pendiente resbaladiza, sino de un despiadado tobogán lógico», escribe el Dr. Aaron Kheriaty: «Desde un paciente de cáncer al que le quedan seis meses de vida a personas que simplemente están tristes, desmoralizadas, abatidas, deprimidas o desesperadas. Si el suicidio asistido es un bien, ¿por qué limitarlo a unos pocos?».

Ryan T. Anderson, investigador de la Heritage Foundation, defiende que el suicidio asistido implica cuatro cosas inaceptables:

Expone a los débiles y vulnerables. «A las personas que merecen la ayuda de la

sociedad se les ofrece, por el contrario, la muerte acelerada».

Corrompe la práctica de la medicina y la relación médico-paciente usando su «saber

para curar» como «técnicas para matar».

Pone en peligro a la familia y las promesas intergeneracionales. El suicidio asistido

legal envía el mensaje de que los mayores o discapacitados son una carga. «El

suicidio asistido por un médico mina la solidaridad social y la verdadera

compasión».

Es una traición a la dignidad humana y a la igualdad ante la ley. «Clasificar a un

subgrupo de personas como legalmente elegibles para acabar con su vida viola la

promesa del Estado de igualdad ante la ley y muestra una absoluta falta de respeto

e insensibilidad por los que cuyas vidas no se consideran ya “dignas de vivir”, en

particular, los ancianos débiles, los enfermos psiquiátricos o los discapacitados».

Hace que el argumentar a favor del derecho a la vida sea incoherente debido a su

inconsistencia.

A veces, la reducción al absurdo puede ayudar a ver dónde desemboca el camino del suicidio asistido. Así lo ha hecho el académico Roland Kipke, profesor de Bioética de la Universidad de Tubinga, que ha puesto el dedo en la llaga al preguntarse: si lo importante es acceder a la voluntad del interesado, y eso no requiere especiales conocimientos médicos, lo lógico sería que, una vez que se ha acreditado esa voluntad, puedan ocuparse no médicos: el «suicidio asistido comercializado» (SAC), en el que se paga a un no doctor para quitar la vida a pacientes, es la derivación lógica del suicidio asistido por médicos (SAM).

En un artículo de 2014, el experto alemán explica que no hay argumentos éticos contra el SAC que no puedan invocarse también contra el SAM. A pesar de ello, el SAC horroriza no solo a los oponentes del suicidio asistido, sino –y esto es lo ilógico– a los simpatizantes del SAM.

Los argumentos a favor del SAC, sostiene Kipke, son sólidos:

No constituiría una violación de la ética médica, porque no habría doctores involucrados. Una compañía que cobre por quitarle la vida a un enfermo estará más

dispuesta que un doctor, pues este podría tener remordimientos de conciencia.

Además, aunque un proveedor comercial no esté bien preparado para identificar la

depresión, la enfermedad comúnmente asociada con las intenciones suicidas,

tampoco lo suelen estar los médicos.

Tampoco los doctores son particularmente competentes al prescribir las dosis

adecuadas de fármacos para cometer suicidio. «Un médico normalmente no

aprende –ni en su formación ni en sus prácticas profesionales– cuántos gramos de

pentobarbital sódico causan una muerte rápida. Después de todo, el conocimiento

necesario sobre la correcta dosificación es limitado y puede ser fácilmente adquirido

por un no doctor»; y, además –podría añadirse–, no ocurre nada si te pasas…

El académico de Tubinga concluye, ya sin ironías, que no habría una sola razón ética que persuada únicamente contra la práctica del SAC: «Rechazar el SAC mientras se apoya el SAM es éticamente injustificable e incoherente. Por ello, la posición de los liberales defensores del SAM tiene que revisarse. Tienen que ampliar su defensa para incluir al SAC y, como resultado, radicalizar considerablemente su posición, o revisar su rechazo a algunos argumentos que se plantean contra el suicidio asistido».

Puede parecer una historia de ciencia ficción, pero desgraciadamente no lo es. Existe en Zúrich una asociación llamada Dignitas, cuyo fin es ayudar a sus asociados a poner fin a su vida. Un reportaje de Roger Boyes, corresponsal en Suiza del periódico londinense The Times, descubrió algunos elementos inquietantes en el modo de operar de esa «clínica».

Todo empezó con la aparición de restos óseos en el lago de Zúrich, que produjo intranquilidad entre las autoridades y entre los acomodados vecinos de la zona. Aunque la policía no encontró indicios para incriminar a nadie por estos restos, el Departamento de Recogida de Basuras, Agua y Energía envió a Dignitas una comunicación previniéndole de que el exceso de desechos provenientes de cadáveres humanos podría contravenir la normativa ambiental de la región. «Las encuestas de opinión suelen mostrar que el 60 por ciento o más de los ciudadanos suizos aprueban el suicidio asistido para los que sufren enfermedades terminales o serios impedimentos, pero la aprobación se disuelve rápidamente si aquel se realiza frente a sus casas», concluye Boyes.

El periodista inglés explica que, tras la muerte asistida por Dignitas, la policía y un médico se personan en el lugar para retirar el vídeo que obligatoriamente debe hacerse de los momentos finales del fallecido, para confirmar que ha procedido por propia voluntad; simultáneamente, una ambulancia retira el cuerpo y lo traslada al Instituto Forense de Zúrich y de seguidas al lugar donde se procede a la cremación. «Son los restos que no reclaman ni la familia ni los amigos los que se cree que Dignitas tira».

Soraya Wernli, antigua secretaria general de Dignitas que renunció por razones éticas y económicas, calcula que en los últimos años han ido a parar al lago los restos de cerca de 300 clientes de la organización.

Además –decía el reportaje– el suicidio asistido no es tan sereno como parece. El año pasado Dignitas tuvo dificultades para conseguir las dosis de 15 gramos de pentobarbital de sodio que administraba a sus clientes para lograr una muerte rápida, y recurrió en consecuencia a inhalaciones de helio. Al examinar los vídeos de los fallecidos por este sistema, la policía y la fiscalía suiza quedaron impresionadas por la agonía que se prolongaba cerca de una hora entre estertores y espasmos de los pacientes.

La figura de Ludwig Minelli, director de Dignitas, despierta muchas suspicacias al periodista. Al contrario de lo que pudiera creerse, Minelli no es médico, sino un periodista y abogado retirado, que dice no tener fines de lucro. Pero no todos están de acuerdo: Gerhard Fischer, del Partido Evangélico (una influyente fuerza política de la Suiza germano-parlante), ha declarado que «esto se ha salido de control. Soy granjero y para inyectar a un becerro debo hacer primero un curso, y sin embargo no se pide nada para mandar a un ser humano a la muerte. Se ha convertido todo en un negocio». La propia Wernli ha acusado a Minelli de cobrar a cada suicida 3.500 euros, cifra que representa una notable ganancia respecto de los 5 euros que cuesta la dosis de pentobarbital. No es extraño que Zúrich sea llamada «la meca del turismo de la muerte».

Holanda y Bélgica: cuesta abajo y sin frenos

Estos temores no son hipotéticos. Los peligros del inevitable tobogán de esta lógica pueden verse en la experiencia del suicidio médicamente asistido en Bélgica. Tras considerar las pruebas, el Dr. Paul McHugh, profesor de psiquiatría de la John Hopkins University School of Medicine, cree que, «con el suicidio asistido por un médico, mucha gente –sin ninguna enfermedad terminal pero desmoralizados, tristes y perdidos– muere antes de tiempo».

En 2001, Holanda fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Se exigieron varias garantías para demostrar quién cumple con los requisitos, y se aseguró a los doctores que actuasen conforme a estas garantías no serían procesados. Cinco años después de la entrada en vigor de esta ley, el número de muertes inducidas por un médico permaneció estable e incluso descendió en años posteriores. Los expertos que revisan las cifras concluyeron en 2007 que no existía dicha «pendiente resbaladiza».

Pero la estabilización de las cifras era solo una pausa temporal. A comienzos de 2008, los números de estas muertes comenzaron a aumentar un 15 por ciento anual. El informe anual de los comités para 2012 registró 4.188 casos (comparados con los 1.882 en 2002), y alcanzó los 5.516 en 2015. La eutanasia va camino de convertirse en la forma de morir «por defecto» de los pacientes de cáncer, y se expande ahora a los pacientes con trastornos psiquiátricos. En 2015 fueron 56, «solo» un 1 por ciento, pero preocupante si se compara con las cifras de 2008, cuando solo hubo dos casos por trastornos psiquiátricos.

Ese mismo año tuvo lugar el primer caso de eutanasia por motivos psicológicos: el de una chica de poco más de 20 años que había sufrido abusos sexuales desde los 5 hasta los 15 años y que pidió la muerte por ser incapaz de recuperarse de las heridas psicológicas que le provocaron, a pesar de llevar años en tratamiento.

Según los médicos, los problemas que sufría la mujer eran incurables, y dieron su visto bueno a la eutanasia a fin de evitarle más dolor y sufrimiento. Sin embargo, hacía un par de años que se le había comenzado a practicar un nuevo tipo de terapia, que aparentemente estaba dando buenos resultados. Pero los médicos que la seguían decidieron suspender el tratamiento tras llegar a la conclusión de que los males que padecía eran incurables.

La noticia ha tenido eco en todo el mundo, y especialmente en el Reino Unido, donde está en discusión un proyecto de ley de suicidio asistido. «Lo que esa mujer necesitaba en un momento desesperado de su joven vida era ayuda y apoyo para superar sus problemas, no la opción de la eutanasia», comentó la diputada conservadora británica Fiona Bruce. «Transmite el mensaje de que, si una persona es víctima de abusos y a causa de ellos desarrolla enfermedades mentales, se la castiga matándola: que el castigo por el delito de ser víctima es la muerte», afirmó Robert Flello, diputado laborista.

El profesor Theo Noer, experto holandés de ética médica, que argumentó en su momento a favor de que una «buena ley de eutanasia» mantendría unas cifras bajas, es uno de los que revisando las cifras ha cambiado de opinión. «Tras 12 años de experiencia, tengo una opinión completamente distinta», asegura. Ahora cree que la simple existencia de una ley de suicidio asistido puede convertir un último recurso en un procedimiento habitual.

Lo mismo, pero más acentuado aún, sucede en Bélgica. Desde su legalización, el número de muertes por eutanasia no ha parado de crecer: de 205 casos que hubo en 2003, se pasó a casi 400 en 2005, casi 500 en 2007 y 954 en el 2010. A esas cifras hay que añadir las «involuntarias»: como mostró un informe del Canadian Medical Association Journal, 120 enfermeras belgas (el 49 por ciento de un total de 248 encuestadas) admitieron haber aplicado la eutanasia sin petición del paciente.

Parte del problema es que las prácticas eutanásicas carecen de control, pues en la mitad de las actuaciones no se cumplen los requisitos legales. En la práctica nadie controla la impunidad de la decisión de los médicos. Concretamente, como se desprende del análisis de los certificados de defunción, hasta el 50 por ciento de los actos no son declarados como eutanasia.

La otra cara de la moneda es que en Bélgica la práctica de cuidados paliativos ha disminuido. A pesar de las promesas de que la legalización de la eutanasia iría acompañada de mejoras significativas en los cuidados paliativos, el hecho es que se fomenta más la eutanasia, un proceso más sencillo, económico y «controlable» para los hospitales.

A los diez años de la legalización, en 2012, la Comisión de Control reconoció la incapacidad de conocer el número real de eutanasias: la eutanasia, «legalizada inicialmente bajo estrictas condiciones, se ha convertido en un acto normal e incluso ordinario (…). El silencio por parte del establishment político ha dado lugar a una sensación de impunidad por parte de los médicos implicados y una sensación de impotencia por parte de aquellos preocupados por cómo evolucionan las cosas».

Según estos datos oficiales belgas, entre septiembre de 2002 y diciembre de 2011 se produjeron 5.537 casos de eutanasia; en la mayoría de los casos los pacientes alegaron sufrimientos físicos y psíquicos. Entre 2008 y 2011 el número de casos se incrementó un 61 por ciento; y ha aumentado la eutanasia en aquellos pacientes cuya muerte no estaba prevista a corto plazo, así como en el caso de trastornos neuropsiquiátricos.

Los estudios señalan que solo el 5 por ciento de las peticiones de eutanasia es rechazado, lo que indica que muy raramente los médicos rechazan la eutanasia cuando se les pide. Este dato indica el efecto transformador que supone la legalización de la eutanasia sobre la conducta médica. Tanto es así que, en 2013, el hijo de una madre eutanasiada por depresión publicó en la revista médica belga Artsenkrant un artículo en el que se preguntaba: «¿Por qué los médicos tienen la facultad de decidir sobre la vida y la muerte?; ¿cómo es posible que no exista acompañamiento de familiares o amigos?».

Ese mismo año 2013, a raíz de un sondeo que mostraba que el 75 por ciento de los belgas apoyaba la eutanasia de menores, Bélgica abrió el debate a la eutanasia de menores de edad, y, en noviembre, la Comisión de Justicia del Senado belga aprobó la legalización de la eutanasia en menores. Ante esa circunstancia, el debate político está marcado por lo que se conoce como la pendiente resbaladiza. En lugar de buscar la vía para restringir la ley y evitar, al menos, algunos de los casos, se pretende hacer una lectura más amplia de la normativa para evitar que los actuales casos sean considerados ilegales.

En febrero de 2014, y en contra del parecer de los pediatras, que afirmaban que «no responde a demanda real, ningún niño pide morir, con paliativos no sufren, la eutanasia legal coacciona al niño», Bélgica aprobó la eutanasia de niños. Y, siete meses más tarde, 15 presos belgas pidieron la eutanasia 24 horas después de que se le concediera a otro recluso.

Pero el proceso sigue. El siguiente tema de debate en 2016 es la objeción de conciencia. Hasta el momento, la ley belga permite a los médicos ejercitar la objeción de conciencia, pero no menciona si las instituciones hospitalarias gozan del mismo derecho. La cuestión ha saltado a la opinión pública con ocasión de la denuncia contra un asilo de ancianos católico, presentada por la familia de una anciana paciente de cáncer. Por lo visto, la enferma solicitó la eutanasia, pero el centro se negó a que se le administrara la inyección letal en su sede. La señora fue entonces trasladada desde el Asilo San Agustín a una residencia privada, donde pocos días más tarde fue anestesiada por un médico y falleció a los 74 años de edad. Sin embargo, los demandantes sostienen que la decisión del centro católico ocasionó sufrimiento mental y físico a su familiar: «Fue algo terrible para mi madre –señaló la hija de la enferma– porque estaba muy consciente».

El caso, abierto cuando se escriben estas páginas, enfrenta a los políticos y médicos partidarios de la eutanasia, que solicitan que se retire la financiación pública a los centros sanitarios de la Iglesia católica si no autorizan que se pueda practicar en ellos la eutanasia. A eso la Iglesia ha replicado por boca del arzobispo de Bruselas, Mons. Jozef De Kesel, que afirmó: «En ningún hospital o casa de salud de la Iglesia católica se practicará la eutanasia en circunstancia alguna».

Los defensores de la eutanasia afirman que «nadie puede negar el derecho a la eutanasia», y reclaman del parlamento legislar en contra del derecho a la objeción de conciencia a los hospitales, y en particular modo a los hospitales católicos, ya que la mayoría de los hospitales y asilos de Flandes son regidos por la Iglesia. El siguiente paso, en la agenda de la eutanasia, es reconocer el deber de las instituciones sanitarias de procurar la muerte.

La situación en Bélgica parece descontrolada. La ley se interpreta tan ampliamente que la eutanasia está disponible a la carta, y los médicos administran la inyección letal a los discapacitados, a los enfermos mentales, a los dementes y hasta a los deprimidos. Como constata el Journal of Medical Ethics, se ha pasado de 235 casos de eutanasia en 2003 a 1.807 en 2013; y «la mayoría de los casos afecta a pacientes que son ayudados a morir sin que lo hayan pedido».

Un escenario que preocupa más allá de las fronteras. Parlamentarios ingleses, por ejemplo, lo califican de ataque a la libertad de religión y a la libertad de asociación; y reclaman que, «en el contexto del ámbito de defensa de los derechos humanos de Europa, se asegure que los derechos de los enfermos que no están en condiciones de expresar sus preferencias son debidamente protegidos».

La tendencia es clara: donde se aprueba, la eutanasia se convierte en parte de la atención sanitaria habitual, especialmente intensa… antes del fin de semana.

Por un mejor final de nuestra vida

El testimonio de la viuda del difunto senador demócrata Edward M. Kennedy fue uno de los motivos por los que el suicidio asistido no se legalizó en Massachusetts en

2012. En su intervención, Victoria Reggie Keneddy afirmó que la muerte asistida no es tan de color de rosa como la pintan sus defensores. «La mayoría de nosotros deseamos una muerte feliz y tranquila, con el menor sufrimiento posible, rodeados por nuestros seres queridos y quizá con un médico o un cura a nuestro lado», declaró. Con el suicidio asistido, «por el contrario, lo que te dan es una receta para 100 pastillas dispensadas por un farmacéutico y administradas sin supervisión médica que llevan a la muerte quizá en soledad. Me parece duro y extremo».

A su marido le dieron solo dos o cuatro meses de vida que al final se convirtieron en «15 meses de preciados recuerdos. Recuerdos de cenas en familia y de festivales de la canción con nuestros hijos y nietos. Recuerdos de risas y, sí, de lágrimas. Recuerdos de una vida que ni mi marido ni yo hubiéramos cambiado por nada en el mundo».

De hecho, del mismo modo que los partidarios del suicidio asistido utilizan historias dramáticas para mover la opinión pública, hay también historias que muestran que hay vías más humanas de superar los motivos que llevan a pedirlo: el dolor psicológico y la soledad. Es el caso, por ejemplo, de Jeannette Hall.

Las circunstancias de Jeannette no eran fáciles: se había divorciado, y pocos meses antes habían muerto su hermano (se suicidó) y su madre, después de un largo período de demencia. Cuenta Fernando Rodríguez-Borlado que, cuando le diagnosticaron un cáncer inoperable, decidió rechazar el tratamiento de quimioterapia. Sin él, su esperanza de vida era de seis meses o un año como máximo. El médico que la trató se dio cuenta de que su paciente «se había convertido en terminal por su propia decisión de no seguir viviendo». Durante un tiempo trató de convencerla para que no recurriera al suicidio. Se enteró de que tenía un hijo a punto de terminar la universidad, y consiguió persuadirle para que fuera a su graduación. Cuando este se dio cuenta de la situación de su madre, volcó su atención en ella. Jeannette recuperó sus ganas de vivir, aceptó recibir quimioterapia, y quince años después vive feliz –y curada–, y se ha convertido en una activista contra el suicidio asistido.

En los argumentos de los defensores del suicidio asistido, es un axioma que la persona debe ser el primer y único juez que decida cuándo ha llegado la hora de morir, y que todos aquellos que se sientan una carga para los demás deberían ser liberados de ese sentimiento. Esta es siempre la principal razón que lleva al suicidio asistido. El informe anual del Departamento de salud del Estado de Washington sobre su propia ley de muerte digna refleja que el 61 por ciento de los que recibieron la prescripción letal en Washington en 2013 reconocieron «sentirse una carga para los familiares, amigos y cuidadores».

Por tanto, la pregunta que se debería contestar es la siguiente: ¿por qué la sociedad ha de estar de acuerdo con los que se creen una carga, y acceder a acabar con su vida simplemente porque nos lo piden?

La profesora británica de cuidados paliativos Ilora Finlay sostiene que las personas que albergan esos sentimientos son vulnerables por definición, y las personas vulnerables necesitan ser defendidas. «En realidad, la gran mayoría de las personas que se enfrentan a la muerte tienen sentimientos encontrados, que van de la desesperación hasta la esperanza, la preocupación de ser una carga personal o económica para sus seres queridos o de que el coste de sus cuidados haga disminuir la herencia que dejan a sus descendientes. En resumen, son vulnerables, y el principal propósito de cualquier ley es proteger a los débiles y vulnerables y no dar derechos a los fuertes y resueltos a su costa».

No legalizar el suicidio asistido es la mejor forma de evitar que discapacitados, ancianos, enfermos, deprimidos y otra población vulnerable acaben con su vida por miedo a ser una carga económica, emocional o asistencial para los demás.

Pero la sociedad debe aceptar las implicaciones del cuidado de los vulnerables. Decir «no» al suicidio asistido significa también comprometerse a trabajar por un mejor cuidado de los ancianos y enfermos.

Como dijo el papa Francisco en 2015 a la Academia Pontificia para la vida: «El abandono es la “enfermedad” más grave del anciano, y también la injusticia más grande que puede sufrir». En otra ocasión, ese mismo año, el Papa habló contra la cultura subyacente al suicidio asistido que se extiende en Europa, cuando insistió a los obispos alemanes, en su visita ad limina, para que no cejen en su compromiso de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. «Aquí no podemos hacer concesiones sin ser nosotros mismos culpables de esta cultura del descarte». Unas palabras muy actuales, pues pocos días antes, el 6 de noviembre, el Parlamento Federal alemán había aprobado una ley que permite el suicidio asistido por motivos «altruistas».

Un mejor cuidado de los ancianos significa invertir en hospitales de cuidados paliativos, que desde la década de los setenta han revolucionado el alivio del dolor extremo y han mejorado el nivel del cuidado de ancianos. La mayor amenaza para seguir progresando en la atención de los enfermos es el suicidio asistido.

En Holanda y Bélgica, los niveles de cuidados paliativos son más bajos que en cualquier otro lugar. El arquitecto de la ley de eutanasia de 2001 de Holanda, Els Borst, admitió en 2009 que el gobierno de entonces se equivocó al introducir la eutanasia sin acompañarla de una mejora de los cuidados paliativos. El caso holandés debería ser un aviso a navegantes para otros países. Las constantes peticiones de legalización de la eutanasia serían menos frecuentes si las personas estuvieran mejor atendidas, pero es muy difícil atenderlas correctamente una vez que se permite la eutanasia. El suicidio asistido relaja el entorno de los enfermos terminales, y anima a las personas a ver la muerte como una alternativa al sufrimiento, o al sentimiento de ser una carga para los demás, que tanto preocupa a los enfermos.

Si progresa la mentalidad de muerte, los programas de cuidados paliativos de la Seguridad Social pública y de los seguros médicos privados podrían incluso llegar a limitarse por razones económicas: en muchos casos, puede ser más «rentable» prescribir una muerte. Toda la profesión médica se pervertiría. ¿Por qué los profesionales de la medicina habrían de pasarse toda una vida desarrollando sus conocimientos y empatía para la difícil tarea de cuidar al enfermo, si la sociedad autoriza administrar a los pacientes una «solución» que no requiere ningún tipo de preparación? Una vez tengamos candidatos para el sencillísimo tratamiento del suicidio asistido, los contribuyentes no tendrán dificultades para desviar a otra parte los cuantiosos recursos de que requiere la sanidad.

Ser católico no significa resguardar la situación actual, sino ser defensores entusiastas de la mejora de la calidad del viaje al final de la vida.

A propósito de los mitos

Los médicos y enfermeras que trabajan en los cuidados al final de la vida saben que existen muchos mitos sobre la muerte. Una es que los doctores «aceleran» el proceso prescribiendo una dosis elevada y letal de morfina. De hecho, la morfina puede prolongar la vida, ya que sirve para controlar el dolor y las dificultades respiratorias, y hacer sentir mejor a los pacientes. La morfina no mata. Solo porque se le haya administrado una dosis de un medicamento no significa que este sea la causa de la muerte, porque también podría serlo el último vaso de agua.

Los doctores se han formado para entender y gestionar la importantísima transición entre tratar a un paciente –manteniendo las funciones vitales el mayor tiempo posible para que una persona pueda recuperarse– y admitir que el tratamiento es inútil y no se debe impedir el proceso natural de la muerte. La labor del médico –respaldado por el juramento hipocrático– es preservar la vida hasta el último momento. Sobra decir que la gran mayoría de los profesionales de la medicina se oponen al suicidio asistido y a la eutanasia.

Quizá el mito más extendido –y que es usado como argumento en defensa del suicidio asistido– es que la mayoría de las muertes son dolorosas y complicadas, aunque no sea así en todos los casos y que siempre necesitan la prescripción de opiáceos, cuando no es verdad. De hecho, la mayoría de las muertes son tranquilas, aunque difíciles, espiritual y emocionalmente hablando, para todos los que están involucrados.

Sor Constance Veit, de las Hermanitas de los Pobres, dirige casas en todo el mundo que sirven a personas mayores sin recursos. Tras más de tres décadas al cuidado de enfermos terminales, dice que nunca ha visto ancianos que se retuercen de dolor y piden a gritos la muerte.

En general, ninguna muerte es «digna». Los defensores del suicidio asistido apelan constantemente a esta idea de «dignidad de la muerte», como algo racional y controlado, como lanzarse al mar antes de que el barco choque contra las rocas. La muerte implica renuncia, dolor y muchas indignidades. No estamos al mando. Estar a las puertas de la muerte inspira compasión –«sufrimos con»– en los que aman y se preocupan de la persona que muere. Ayudar a un suicidio es corromper la compasión. Un Estado que lo apoye está creando una ominosa nueva opción que rápidamente dañará el valor sagrado de la vida. En ese sentido, los médicos sostienen que el suicidio asistido es, en realidad, un no problema, y que el verdadero desafío médico en nuestro país es universalizar los cuidados paliativos. Federico de Montalvo, vicepresidente del Comité de Bioética de España, explicaba en 2015 que la despenalización de la eutanasia sería un craso error de nuestro sistema jurídico, y ello al margen de lo que puedan ser consideraciones éticas, morales o, incluso, ideológicas, por dos motivos principales:

«En primer lugar, el debate acerca de la despenalización de la eutanasia, muy rico desde una perspectiva puramente teórica, no es tan necesario como pretende presentarse en la realidad, porque precisamente la eutanasia está prácticamente despenalizada, al menos en sus formas de eutanasia pasiva y activa indirecta, en nuestro ordenamiento jurídico. Acortar la vida de un paciente terminal con el propósito principal de aliviar el dolor no constituye un ilícito en España (el denominado doble efecto). Además, las formas más controvertidas, la eutanasia activa directa y el auxilio al suicidio, reciben por el Código Penal un trato extremadamente benévolo, de manera que nadie ingresaría en prisión por llevar a cabo un homicidio por compasión a petición de un enfermo terminal. Nuestro ordenamiento jurídico es consciente de que los casos que habitualmente se presentan en la realidad no merecen excesivo reproche penal. Por ello, lo que realmente está prohibido en nuestro sistema jurídico serían políticas públicas o privadas de eutanasia que, por cierto, pueden mostrarse preocupantes en tiempos de recortes económicos.

»En segundo lugar, el recurso a la libertad de las personas como fundamento de dicha despenalización es falaz, ya que detrás de esta despenalización se encierra el fracaso del sistema sanitario que, despreocupándose de la dignidad del enfermo terminal, opta por facilitarle el recurso más cómodo y barato en lugar de ofrecerle los recursos necesarios (fundamentalmente cuidados paliativos) para vivir con plenas garantías el final de su vida».

Por eso –concluye Montalvo– es curioso comprobar cómo la práctica unanimidad de los profesionales que trabajan en el ámbito de los cuidados paliativos consideran que el principal problema no es el de la despenalización de la eutanasia, sino el de la universalización de los cuidados paliativos, meta de la que aún nos encontramos muy lejos.

MARCOEXISTENTE

Una muerte digna, sin dolor y en el momento de nuestra elección ya es posible. Puesto que la medicina ahora puede mantenernos vivos durante años, ¿por qué no usar la medicina para decidir adelantar una muerte dolorosa, asegurándonos el estar bien vigilados?

Nadie tiene el derecho de decirle a alguien que está sufriendo que deberían prolongar su vida, especialmente a personas que no tienen una visión religiosa de la muerte.

En el caso de las enfermedades terminales, cuando una persona está deprimida y se siente una carga, ¿por qué no permitirles que ellos mismos se liberen, y liberen a los demás, de la carga de vivir así, eligiendo una muerte digna? Debería existir una ley para que los enfermos terminales con plenas capacidades mentales que no encuentran sentido a tanto sufrimiento pudieran elegir el momento y la forma de su partida.

REFORMULACIÓN

El suicidio asistido es la respuesta equivocada a los avances de la medicina que prolongan la vida. Necesitamos promover los cuidados paliativos y la asistencia a enfermos terminales, que permiten a las personas descubrir su auténtico valor, a pesar de la enfermedad y el deterioro físico. El suicidio asistido produce una lógica de la muerte que perjudica rápidamente a la sociedad y a la profesión sanitaria. Hace aún más vulnerables a los ancianos y los discapacitados, al tiempo que refuerza el mensaje de que solo los fuertes y exitosos llevan vidas dignas de ser vividas. Nuestra respuesta a los que quieren quitarse la vida porque se sienten una carga no debe confirmar sus dudas, sino mostrarles su auténtico valor. Esto significa trabajar en pro de unos cuidados verdaderamente dignos al final de la vida.

MENSAJESCLAVE

El suicidio asistido da luz verde a la desesperanza y al desamparo. Aprueba el

suicidio como respuesta a las dificultades de la vida. El derecho a morir se

convierte poco a poco en un deber de morir.

El suicidio asistido hace más vulnerable a los vulnerables, en especial a los

discapacitados, cuyas vidas serían consideradas menos valiosas por la ley.

Destruye la confianza médico-paciente.

El suicidio asistido debilita los cuidados paliativos y, en general, al progreso

médico sobre la atención de los enfermos crónicos y terminales.

El sufrimiento no disminuye el valor humano de una persona.

Algunos sufrimientos en la vida son inevitables. Es parte del proceso de la

muerte; pero a día de hoy el dolor no debería hacer sufrir a ninguna persona.

Las instituciones católicas lideran la atención en hospitales para enfermos terminales y de cuidados paliativos. Necesitamos más centros de cuidados paliativos, para poder ofrecer a las personas que sufren o tienen dolor una opción real: la opción de no sufrir innecesariamente y de vivir el final de su viaje como un tiempo de curación espiritual. En lugar de darle la razón a quien se considera una carga y acabar con su vida a petición propia, deberíamos ayudarle a darse cuenta de su valor y a que viva el tiempo que le quede de manera verdaderamente digna.