Genocidio

Juan Carlos Tealdi (Argentina), Universidad de Buenos Aires

Muerte y morir

El término ‘genocidio’ fue creado en 1944 por Raphael Lemkin, judío polaco. En 1921 Lemkin leyó la noticia del asesinato en Alemania del ex ministro del interior armenio Talaat Pasha por Soghomón Tehlirián, un sobreviviente del genocidio cometido por aquel, y este hecho despertó su especial interés por el juicio y castigo internacional contra esos crímenes. En octubre de 1933, al mismo tiempo que la Alemania de Hitler se retiraba de la Sociedad de Naciones, Lemkin presentó en la Quinta Conferencia de la Oficina Internacional para la Unificación del Derecho Penal, un proyecto de ley que prohibía dos prácticas enlazadas –‘barbarie’ y ‘vandalismo’– para que fueran consideradas delitos contra el ‘derecho de gentes’ (delicta iuris gentium). Lemkin entendió la barbarie como “las acciones de exterminio dirigidas contra las colectividades étnicas, religiosas o sociales cualesquiera que sean los motivos (políticos, religiosos, etc.); como por ejemplo masacres, acciones emprendidas

para arruinar la existencia económica de los miembros de una comunidad, etc.”. También incluía como actos de barbarie “toda clase de manifestaciones de brutalidad por las cuales el individuo es alcanzado en su dignidad, en casos donde estos actos de humillación tengan su fuente en la lucha de exterminio dirigida contra la colectividad”. Y definía como vandalismo “la destrucción organizada y sistemática de las obras que están en el dominio de las ciencias, o en el de las artes o de las letras, que son testimonio y la prueba del alma y la ingeniería de esta colectividad”. En Polonia, Lemkin fue criticado por su visión favorable a los judíos y por sus críticas a Hitler, y despedido de su trabajo.

En agosto de 1939 Hitler se dirigió a sus jefes militares con un discurso en el que dijo: “El objetivo de una guerra no es alcanzar determinadas líneas geográficas, sino aniquilar físicamente al enemigo. Es de esta manera como obtendremos el indispensable espacio vital que necesitamos. ¿Quién menciona ya la masacre de los armenios hoy en día?”. El 1 de septiembre de 1939, día de la invasión alemana a Polonia, Hitler redactó su orden sobre eutanasia: “El dirigente Bouhler y el doctor en medicina Brandt quedan autorizados, bajo su responsabilidad, a ensanchar el margen de atribuciones reconocido a determinados médicos con objeto de poder administrar una muerte misericordiosa a aquellos enfermos que, tras un análisis exhaustivo de su dolencia dentro de las posibilidades humanas, resulten incurables”. La eutanasia pasó a ser parte de la ‘solución final al problema judío’ y del exterminio general de todo ser humano imperfecto, así como de las vidas carentes de valor que daban lugar al grupo de los ‘subhumanos’ (untermenschen). Alfred Rosenberg, el filósofo oficial de los nazis, lo enunciaría en modo claro: “La historia y la misión del futuro ya no significan la lucha de una clase contra otra, la lucha del dogma de la Iglesia contra el dogma, sino el conflicto entre sangre y sangre, raza y raza, pueblo y pueblo”.

La Asamblea General de las Naciones Unidas universalizó en 1946 los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg que había sido creado por el Acuerdo o Carta de Londres del 8 de agosto de 1945. Con su Resolución 96 (I) sobre el crimen de genocidio, cuya propuesta fue redactada por Lemkin y firmada por Cuba, Panamá y la India, con el apoyo de Estados Unidos, la Asamblea se anticipó así a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio que aprobaría en 1948 y entraría en vigor en 1951. La Convención, cuyo primer borrador fue preparado por Lemkin con la asistencia de Vespasiano Pella y Donnedieu De Fabres, fue aprobada el 9 de diciembre de 1948, un día antes de la aprobación de

la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Convención entiende por ‘genocidio’ cinco actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: 1. Matanza de miembros del grupo; 2. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 3. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; 4. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; 5. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. El 11 de noviembre de 1947, Bertrand Russell, Aldous Huxley y Gabriela Mistral, en lo que resulta ser una enseñanza ejemplar para la bioética internacional actual, publican en el New York Times una petición para la ratificación de la Convención por los veinte Estados necesarios. Finalmente, el Estatuto de Roma (1998) de la Corte Penal Internacional adoptó literalmente la definición de genocidio dada por la Convención y que ya había sido adoptada por el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (1993) y por el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (1994). Se considera que esos actos pueden ser cometidos tanto por gobernantes y funcionarios como por particulares; y se castiga tanto el genocidio como su tentativa, la instigación directa y pública, la complicidad y la asociación para cometerlo. La primera sentencia condenatoria por el crimen de genocidio fue dictada el 2 de septiembre de 1998 contra Jean Paul Akayesu por sus crímenes en Ruanda. El 2 de agosto de 2001 fue condenado por genocidio en la antigua Yugoslavia el general Krstic. El 13 de abril de 2006 fue condenado por genocidio y crímenes contra la humanidad, llevados a cabo en Ruanda, Paul Bisengimana, ex alcalde de la comuna de Gikoro en Kigali.

América Latina es la región del mundo construida sobre los cimientos del que quizás haya sido el

mayor de los genocidios en la historia universal. Cuatro siglos tuvieron que pasar hasta 1900 para que se recuperara la población total regional existente al momento del descubrimiento europeo en 1492 y calculada en sesenta millones de habitantes que fueron devastados por exterminio, hambre y enfermedades. En el siglo XX se acuñaron nuevas formas de genocidio en la región, como el que, entre otros, fue practicado por la dictadura de Argentina entre 1976 y 1983, y que fue anticipado por un decreto en democracia que ordenaba a los militares “aniquilar” la subversión. Sin embargo, la finalidad de los militares al hacer la guerra –aunque no contra el propio pueblo– consiste en desarmar al enemigo y no en aniquilarlo. El uso del mismo término utilizado por Hitler en 1939 dio lugar a diversas interpretaciones políticas y a una discusión pública que sin duda implicaba distintas visiones morales. Cuando a uno de los militares acusados, que ya había admitido su participación en los ‘vuelos de la muerte’ con los que desde los aviones se arrojaban las víctimas aún vivas al mar, se le preguntó qué implicaba para él la orden de aniquilar a la subversión, respondió: “Lo que dice el diccionario”. Y el diccionario decía: “reducir a la nada”. Si para las Naciones Unidas genocidio es la negación del derecho de existencia para grupos humanos enteros, ese militar se estaba definiendo como genocida. Es por eso que la bioética latinoamericana no puede dejar de considerar el concepto de genocidio y las realidades que enuncia, por el carácter sustantivo que el mismo tiene para comprender el verdadero sentido de valores, principios y virtudes éticas.

Referencias Raphael Lemkin. El dominio del Eje en la Europa ocupada, Fundación Carnegie para la Paz, 1944. - Nehemiah Robinson. La Convención sobre Genocidio, Buenos Aires, Bibliográfica Ameba, 1960. - Samantha Power. Problema infernal: Estados Unidos en la era del genocidio, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.

A

mérica Latina es una región que tiene el 45% de su población en situación de pobreza y un 20% en situación de indigencia. El 10% de la población regional está en situación de extrema pobreza. Pero hay más indígenas, y más mujeres que hombres, en esas situaciones. Mientras la pobreza urbana afecta al 25% de la población, la pobreza rural afecta al 60% de la misma. El 10% de la población total está subnutrida, el 10% de la población infantil menor de cinco años sufre desnutrición aguda (bajo peso) y el 20% sufre desnutrición crónica (baja talla respecto a la edad). Además de las enfermedades de la pobreza (v. ), las enfermedades en general tienen peores consecuencias para los pobres. Las necesidades en salud (v. ) determinan el ámbito posible de libertades de quienes viven en situación de pobreza, indigencia y exclusión social. ¿Cómo reflexionar en bioética ante este contexto?

Necesidades en salud pública y determinantes sociales. El campo de la salud pública surgió como un fenómeno propio del gran crecimiento urbano e industrial moderno y de las investigaciones socioeconómicas y epidemiológicas sobre el mismo. En La situación de la clase obrera en Inglaterra (1845), por ejemplo, Engels analiza minuciosamente las condiciones de vida del proletariado urbano y su morbilidad y mortalidad por distintas causas, así como las de grupos particulares de afectados como los niños, y ofrece una explicación social y económica para las mismas. La identificación de determinantes sociales y económicos originados políticamente llevó a postular una noción de derechos sociales y de prevención técnica y científica en cuanto a la modificación secundaria de condiciones de trabajo, pero también y de un modo más radical a la noción de la supresión del modo de organización política de la sociedad capitalista como causa primaria. La noción de prevención, como distinta de la higiene del aislamiento, encontraría otro fuerte fundamento en la revolución de la bacteriología y las vacunas. De ese modo, la salud pública, en su diferenciación de la higiene privada y aislacionista, se fue construyendo en parte desde el descubrimiento de que las condiciones de salud-enfermedad se asociaban a la pertenencia a las clases sociales y al contexto laboral antes que a las conductas individuales, que los determinantes de esas condiciones no eran las conductas privadas sino las conductas que la clase dominante imponía sobre los trabajadores, y que la modificación de esa situación

debía ser política tanto para la modificación de las condiciones de trabajo como para la vacunación de los grandes grupos de población en orden a prevenir las infecciones epidémicas. Estas explicaciones tuvieron inmediatas consecuencias para la ética ya que desnaturalizaban la génesis de la situación de salud y abrían paso a la obligación moral de suprimir las causas de origen humano del padecimiento humano.

Los sistemas de salud ante la pobreza y las necesidades. La historia de la salud pública no evolucionó en modo homogéneo y coherente con aquellos supuestos iniciales. El sanitarismo que enfatizaba las medidas de saneamiento ambiental y salubridad y la revolución bacteriológica de la segunda mitad del siglo XIX condujeron tanto a la fundación en 1872 de la Asociación de Salud Pública en Estados Unidos como treinta años después a la Oficina Sanitaria Panamericana. En ambas instituciones se reflejó buena parte de aquellos descubrimientos. El foco en la salud materna, infantil y escolar que tuvo la primera llevó a dejar de lado la preocupación por la pertenencia social a grupos en situación de pobreza. Cuando a principios del siglo XX se quiso corregir esto en Estados Unidos introduciendo servicios especiales para ello, la Asociación Médica Americana (AMA) forzó con su poder político la exclusión de las agencias de salud pública de la atención directa de salud porque amenazaban el lucro privado de la corporación médica. Las reformas postuladas más tarde por Roosevelt en 1943 tampoco progresarían hacia un seguro obligatorio de enfermedad porque la AMA promovería esta vez los seguros privados. Un logro parcial y tardío de aquellos intentos sería en cambio la creación en 1964 de los programas Medicare (para adultos mayores) y Medicaid (para los pobres y sin cobertura). En Europa, sin embargo, la evolución de la salud pública se asoció en gran medida a la instauración de sistemas de salud basados en seguros sociales influidos por el ideario socialista. Un primer ejemplo de ello fue el modelo alemán introducido por Bismarck en 1883 aún dentro de un Estado autoritario y militarista como el imperio alemán de 1871 que dio lugar al reparto colonial de África en la Conferencia de Berlín de 1885. Al modelo alemán seguiría como ejemplo mayor el sistema británico de Seguridad Social que, apoyándose en la economía de bienestar de John Maynard Keynes, fue postulado por William Beveridge en 1942 y aplicado en el Reino Unido desde 1948. Desde entonces ese modelo de Servicio Nacional de Salud o de Seguro

Obligatorio de Enfermedad se extendería por toda la Europa Occidental. Mientras tanto y desde la revolución rusa de 1917, en los nuevos países socialistas se desarrollaba un enfoque de salud pública acorde con los ya mencionados postulados de Engels y con la doctrina marxista (v. Bienestar. 2. Atención de la salud). La respuesta de los sistemas de salud ante la pobreza y las necesidades como determinantes sociales no ha sido ni es la misma en todos los países. Las preocupaciones de las bioéticas nacionales y regionales tampoco pueden ser las mismas.

Conflictos bioéticos y necesidades diferenciales. Distintos indicadores del estado de salud en los países de la región según las regiones y jurisdicciones muestran necesidades diferenciales entre ellos y sus grupos de población, con gran importancia para la ética ya que la consideración de esta información objetiva es el primer paso al tomar decisiones morales. El concepto de necesidad diferencial apunta a una comprensión de la equidad como algo más que el acceso igualitario a la atención de la salud, para poder pensar los servicios de salud considerando las diferencias que en cada persona o población adquiere una determinada necesidad en salud (v. ). La pobreza es uno de los factores más relevantes en orden a la identificación de necesidades diferenciales. Al observar la evolución de los índices de mortalidad infantil en nuestra región, por ejemplo, podremos ver cómo si nuestro objetivo se dirige a responder a los problemas de salud prestando atención a las necesidades diferenciales de los grupos afectados, hay decisiones políticas que resultan claramente injustificables. Al igual que sucede con los niños, la situación de las mujeres y los ancianos y de otros grupos poblacionales es claramente desventajosa para los pobres en muchos aspectos del vivir al compararla con la situación de otros grupos. Y la de los enfermos terminales en cualquiera de esas categorías lo es aún más, de allí que haya que repensar el lugar de los cuidados paliativos en las estrategias de atención. No tener esto en cuenta es responder con políticas injustas por su inequidad. Es por esto que en América Latina ha de prestarse atención a esas necesidades diferenciales al pensar los conflictos bioéticos en el estado del sistema de salud y el sentido que tiene hablar de autonomía en estos contextos.

El carácter ético de la pobreza y sus determinantes como pérdida de libertad. La determinación social de las condiciones del vivir humano verificable en las situaciones de exclusión, indigencia y pobreza representa una consecuente pérdida de ciudadanía. Ante estas situaciones, el neopragmatismo liberal con su exaltación de la autonomía utiliza un

lenguaje de conceptos vaciados de los nexos históricamente dados entre los sujetos que se comunican en la interacción social humana, porque procura establecer una comunicación entre individuos no ya autónomos –en el sentido de darse su propia ley moral por una universalización a escala humana de sus postulados individuales–, sino autómatas –en el sentido de moverse según una ley preestablecida a escala de las cosas de las que el portador no tiene conciencia–. Esas determinaciones que hacen que la felicidad exterior dependa del destino –según introdujeron los estoicos– abre el camino de dos reinos: el del mundo externo que nos determina y sobre el cual poco podemos hacer, y el mundo interno o de la libertad interior (el libre arbitrio) que depende de nosotros o de nuestra autonomía. Si en el mundo interno es donde somos libres o autónomos para darnos nuestra ley –y ser por tanto morales–, en el mundo externo es donde estamos sujetos al destino (fatum) –a ‘nuestra’ suerte– que es esa constante o ley que se nos impone y ante la cual solo nos queda resignarnos para cambiar el signo de la libertad por el de la aceptación. El mundo será racional en tanto aceptemos la ley que lo gobierna y nosotros mismos nos movamos (automáticamente) en el sentido que esa ley nos marca. El estoicismo concibe así que lo sabio es asegurarse la paz interior siendo insensibles ante el sufrimiento e imperturbables para alcanzar el camino a la felicidad. A la filosofía estoica no le preocupa seriamente el problema de la riqueza y la pobreza que es visto como una cuestión de moral individual. Por eso es que esta concepción, si bien acierta al exaltar la conexión dialéctica entre libertad e integridad (la libertad es la conciencia de la necesidad) o, dicho de otro modo, entre libertad y seguridad, su visión sesgada y parcial le impide destacar la debida conexión entre libertad y bienestar y, por tanto, la comprensión de la ética como un proceso. De ese modo, la concepción del sujeto autónomo supone entonces –asimismo– una simultánea concepción del sujeto autómata. El sujeto ‘libre de’ las determinaciones fenoménicas que lo condicionan habrá alcanzado el reino de la libertad (autonomía) amenazada. Pero frente a ello, el concepto de dignidad humana reserva un espacio inalienable a todo destino externo cuya potencialidad de sentido teleológico puede ponerse en acto toda vez que la indignación lo promueva. De este modo, resulta un término contrario a la concepción liberal-pragmática de aceptación del mundo ‘real y tal cual es’, cuya fuente más alejada hay que ir a buscarla a los esbozos estoicos de una doctrina de la aceptación para la vida y el vivir en tiempos difíciles: de esclavitud o servidumbre, de proletarización o exclusión, pero siempre de explotación y miseria.

La pobreza es uno de los mayores problemas a los que debe enfrentarse una bioética verdadera, y reflexionar sobre ella y sobre las necesidades y la pérdida de libertades que ella implica no puede