Nacionalización II. Significación Politico-social. POLÍTICA

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Política

Concepto. En sentido estricto, y referido el fenómeno sólo al momento actual de los países desarrollados o en vías de desarrollo, la palabra n. quiere decir tanto como transferencia a la nación de la capacidad y autoridad rectora de la vida social, sustancialmente de la economía. Ahora bien, como la nación es una entidad sociológica más o menos informal y no estructurada, en todo caso, sin unidad ni organización unitaria, pues esto sólo lo logra a través del Estado (que algún escritor francés definió como "la personificación jurídica de la nación"), se sigue que n. es tanto como estatificación. Es exactamente igual a lo que sucede con el llamado socialismo (v.), que no es sino un estatismo.

Frente a la economía privada, en que las empresas están en manos privadas, tanto la n. como la socialización tienden a transferir a la esfera pública, al Estado, la dirección y gestión de las empresas. En ese sentido, y en principio, una y otra son iguales. Pero un uso convencional del lenguaje ha llevado a esta diferencia: se habla de socialización cuando el Estado aspira a "nacionalizar" toda la economía, o, al menos, la parte más importante de ella (industria, servicios), mientras que en las n. se emplea la voz n. cuando eso afecta sólo a algunas empresas o algunos sectores. Países socialistas son la URSS y sus satélites, etc. El fenómeno de la n. queda reservado para los países que aún se siguen llamando capitalistas, pero en los cuales surge la empresa pública como algo nuevo. Caso intermedio, quizá, sería el de Inglaterra tras el triunfo laborista de 1945 o los países del Norte de Europa (v. SOCIALDEMOCRACIA).

Desarrollo histórico. Suele ignorarse el hecho de que las primeras formas de economía dirigida y centralizada, más o menos anticapitalistas, nacieron durante la I Guerra mundial y aun antes de la revolución rusa de 1917, para poder hacer frente a un conflicto que se presentaba largo y muy costoso. Pues bien, si la idea y la necesidad del control o intervención estatal se hizo sentir entonces, sin borrarse en los tiempos de posguerra, podemos asegurar que la II Guerra mundial ha puesto, a su vez, en marcha el proceso de las n. Dejando aparte Inglaterra, diversos países europeos (Francia, Italia, Austria, etc.) comenzaron la tarea de nacionalizar empresas e industrias, en gran escala.

El caso más representativo es quizá el de Francia. Este país, sin renunciar al capitalismo, adoptó nuevas formas de organización económica parcial de tipo socializante. En 1945 hubo n. en las minas de carbón, en gas y electricidad, Bancos, seguros, transportes; aparte el caso de la casa Renault, donde la n. tuvo razones específicas circunstanciales (expropiar a colaboracionistas). En 1965, según el célebre informe de Simon Nora sobre las empresas públicas, éstas ocupaban el 6,2% de la población activa, suministraban el 9,6% del producto interior bruto y realizaban el 27% de la formación bruta de capital fijo del total de las empresas.

Significación político-social. Inicialmente se consideró que la n. implicaba una organización anticapitalista, debiendo superar la ley del beneficio y someter la empresa a los imperativos del servicio público. Pero, al propio tiempo, rehuyendo el socialismo estatal, se pensó también que ahí había una fórmula antiestatista, entregando las empresas nacionalizadas a Consejos de administración de base tripartita (con representantes de asalariados, consumidores y Estado), repercutiendo la socialización parcial en beneficio de los productores, no del Estado. La realidad no respondió a estas esperanzas. Pronto se vio que la n. era pura y simple estatificación, haciendo resurgir un Estado-patrono cuyas relaciones con los obreros empeoran y cuyos representantes rectores son más autoritarios e irresponsables que los empresarios privados. Muy bien expresa este desengaño Émile Roche, presidente del Consejo Económico francés, cuando reconoce, en 24 jun. 1949, que, tras la experiencia inicial y los entusiasmos que suscitó, "el balance de las nacionalizaciones se cierra con un fuerte pasivo; han sustituido la purulencia privada por el monolitismo estatal y por esta vía se ha reforzado la sujeción del obrero. Han multiplicado el egoísmo corporativo por la multiplicación de elementos concurrentes. Han creado nuevos privilegios, a costa no tanto del empresariado como de ciertas categorías de trabajadores. No han dado lugar a ninguna trasformación orgánica de la condición obrera y no han creado en el proletariado ni siquiera una curiosidad, un gusto o una aspiración hacia un régimen realmente mejor que el de antaño".

Tal pensamiento y tal desengaño, similar al de la experiencia laborista inglesa, se extiende por todos los sindicalistas europeos, hasta el punto de que en los años cincuenta los responsables del sindicalismo británico se opusieron públicamente a toda extensión de las n., prefiriendo en su lugar la cogestión (v.). Y en el Congreso sindical alemán de 1954, un delegado afirmó que hoy en día, para la mayoría de los trabajadores, es lo mismo trabajar en una empresa privada que en una nacionalizada. El filósofo inglés B. Russell, nada sospechoso en esto, escribió, por su parte, que "cuando una industria es transferida al Estado por medio de la nacionalización, puede resultar que siga habiendo tanta desigualdad de poder como en el caso del capitalismo privado, consistiendo el único cambio en que los que tienen el poder son ahora funcionarios y no propietarios" (Autoridad e individuo, México 1945, 112). Y desde un punto de vista puramente teórico, no deja de tener interés que autores tan serios como J. Marchal y J. Lecaillon, no separen las empresas públicas (nacionalizadas) y las privadas, ya que, dicen, tienen casi igual seguridad, la ausencia de lucro o provecho no es específica de las públicas, éstas implican alto grado de concentración de poder económico, sin modificar las condiciones estructurales económicas y sóciales de la fase anterior (La répartition du revenu national, París 1958, 11,125).

Estado actual de la cuestión y balance provisional. Evidentemente, el entusiasmo nacionalizador posterior a 1945 se ha desvanecido. El informe Nora observa que las n. nacieron en un clima de escasez, cuando importaba más producir que ser competitivo, constituyendo como un "modelo de espera", que había de extenderse al resto de la economía. En 1967, añade, las circunstancias han cambiado, el desarrollo técnico y la competencia internacional exigen producir a menor precio y aumentar la productividad, lo que no es compatible con la centralización del sector nacionalizado. He aquí unos argumentos puramente económicos (producción), distintos de los argumentos sociales y políticos (mayor justicia social, motivaciones ideológicas). Para compaginar ambos, en Francia quieren armonizarse dos corrientes, distinguiendo un doble papel en las empresas públicas: a) empresas industriales (necesidad de contar con el rendimiento y la eficacia); b) empresas públicas (el interés general puede limitar el particular de cada una). En este sentido, la n. rebasa, sin duda, la política económica, convirtiéndose en instrumento de la política general.

V. t.: PROPIEDAD.

A, PERPINÁ RODRÍGUEZ.

BIBL.: W. R. ROBSON, Industria nacionalizada y propiedad pública, Madrid 1964; G. PETRILLI, Lo Stato imprenditore. Validité e attualitá di una formula, Bolonia 1967; E. VERDERA Y TRUELIS, La empresa pública, Madrid 1968.